La segunda condena:

Sentado en su casa, “El Abuelo”, de 81 años, recuerda los seis meses que pasó en prisión hace seis años. Hasta entonces llevaba una vida tranquila y nunca imaginó que terminaría privado de libertad.

Viendo a la ventana, como recordando al pasado, indicó que su vida cambió en 2020 cuando fue acusado de una presunta violación a una mujer mientras realizaba un trabajo en una vivienda. Tras la denuncia fue llevado al Centro de Detención Preventivo para Hombres de la zona 18 y posteriormente trasladado a Fraijanes y Pavoncito. Fue durante ese período cuando otros privados de libertad comenzaron a llamarlo “El Abuelo”.

Todo ocurrió durante la pandemia de Covid-19. Con los juzgados cerrados, los días transcurrían dentro de la prisión mientras la resolución de su caso se prolongaba, aunque él sostenía que era inocente. Para sobrellevar el encierro, se apoyó en su fe: asistía a la iglesia, visitaba el Santísimo y dedicaba tiempo a estudiar. También aprendió a elaborar canastos.

Durante su permanencia en prisión comenzó a ayudar a otros privados de libertad. Algunos no recibían visitas porque sus familias vivían lejos o no podían pagar el viaje. Él compartía con ellos parte de los alimentos y del dinero que recibía de su familia. De esa manera, encontró una forma de ayudar mientras esperaba que su situación se resolviera.

Mientras él permanecía privado de libertad, el proceso judicial continuó con su abogado. Finalmente, las pruebas presentadas durante el proceso permitieron esclarecer los hechos y fue absuelto del delito por el que había sido acusado.

Sin embargo, recuperar su libertad no significó que todo volviera a ser como antes. Tuvo que enfrentar los comentarios y señalamientos de personas que conocían la acusación, pese a que el proceso legal concluyó con su total absolución, ratificando su inocencia conforme lo refiere el artículo 14 del Código Procesal Penal y la Constitución Política de la República.

La experiencia también dejó cambios en su vida y en la forma en que recuerda los cerca de 180 días tras las rejas, a lo largo de tres prisiones.

Cuando habla de ese período, no sólo recuerda lo que perdió. También menciona a las personas que conoció, la fe que fortaleció y el oficio que aprendió.

Después de salir de prisión nunca volvió a elaborar canastos, pero conserva uno a medio terminar, el que estaba elaborando antes de recuperar su libertad, para no dar por sentado todo, ya que antes de aquella experiencia pensaba que su vejez podría terminar en un asilo, pero nunca imaginó que pasaría en una cárcel.

Entre 2018 y 2023, la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) registró 29 mil 238 participaciones en actividades de formación social a cargo del Departamento de Trabajo Social. En el último año del período, las participaciones fueron 19.9 % menores que en 2022, al pasar de 6 mil 176 a 4 mil 950.

La información proporcionada por la DGSP contabiliza participaciones en actividades de formación social, no personas únicas. Por eso, una misma persona puede aparecer en más de un registro durante el período. Asimismo, los datos tampoco permiten determinar cuántas de esas personas completaron un proceso de formación ni qué ocurrió con ellas después de recuperar su libertad.

La educación es otra de las áreas que la DGSP registra dentro del Sistema Penitenciario. Entre 2018 y 2026 reportó 31 mil 970 inscripciones y 22 mil 209 acreditaciones en programas de alfabetización, primaria, básicos, bachillerato, universidad y educación extraescolar. La información correspondiente a 2026 fue remitida el 2 de septiembre, pero la DGSP no especificó la fecha de corte de esos registros. Estos procesos se desarrollan con apoyo del Ministerio de Educación, Conalfa, Grupo CEIBA y la Universidad Rural de Guatemala.

Desde 2024, la DGSP reporta programas de formación social y rehabilitación como Familia y Reinserción, Reintegración Social, Prevención de la Violencia y Lineamientos Transversales de Rehabilitación, además de actividades deportivas, culturales, religiosas y familiares. Para 2026, los registros proporcionados por el Departamento de Trabajo Social el 27 de agosto muestran las participaciones reportadas hasta esa fecha, aunque la DGSP no especificó el día exacto en que fueron contabilizadas.

En los cuatro programas, las participaciones registradas aumentaron entre 2024 y 2025. Familia y Reinserción creció 166.8 %; Reintegración Social 69.6 %; Prevención de la Violencia 51.4 %; y Lineamientos Transversales de Rehabilitación 745.5 %.

La información entregada por la DGSP contabiliza estas participaciones, pero no incorpora, en esos mismos registros, un dato que permita seguir la trayectoria de quienes participaron después de recuperar su libertad.

Los registros corresponden a información de 17 auxiliaturas territoriales de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) entre 2018 y 2026. Las respuestas fueron emitidas entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre de 2026, según cada auxiliatura. En el Centro de Rehabilitación Penitenciario de Puerto Barrios, los registros pasaron de 26 casos en 2018 a tres en 2020 y 13 en 2025. Ese último año incluyeron señalamientos de maltrato físico, verbal y psicológico, además de casos relacionados con atención en salud, debido proceso y cobros asociados a la llamada “talacha”.

En la Auxiliatura de Fraijanes, los registros pasaron de 15 en 2022 a 34 en 2026, según la respuesta emitida por esa oficina el 1 de septiembre. La información corresponde únicamente a los reportes recibidos por esa auxiliatura y no representa una medición nacional de las condiciones penitenciarias. Además, que un caso haya sido reportado ante la PDH no significa que el hecho haya sido comprobado.

Para el abogado penalista Alexis Calderón, el tiempo en prisión debería tener un propósito que vaya más allá del encierro. “La cárcel no debería limitarse al encierro, sino también convertirse en un espacio donde una persona pueda aprender y adquirir herramientas para cambiar su perspectiva de vida”, explicó.

Al 31 de mayo de 2026, 22 mil 933 personas se encontraban privadas de libertad en Guatemala, frente a una capacidad de 7 mil 922 espacios. La ocupación equivalía al 289 % de la capacidad instalada. Es decir, por cada espacio disponible había casi tres personas en prisión. Es en este contexto donde funcionan los programas destinados a preparar a quienes cumplen una condena para recuperar su libertad.

Esa población se encuentra distribuida en 25 centros penales a cargo de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), ubicados en 13 de los 22 departamentos del país. Dieciséis son centros de detención preventiva, seis están destinados al cumplimiento de condenas y tres tienen carácter mixto. La mayor concentración se encuentra en el departamento de Guatemala, principalmente en la zona 18 y Fraijanes. Los demás centros están distribuidos en Chimaltenango, Suchitepéquez, Alta Verapaz, Petén, Zacapa, Santa Rosa, Quiché, Quetzaltenango, San Marcos, Baja Verapaz, Escuintla e Izabal.

Pero la distribución de los centros no significa que exista una separación efectiva entre las personas según su situación jurídica. La propia DGSP señala que, debido a deficiencias históricas de infraestructura, en la práctica los establecimientos alojan tanto a personas en prisión preventiva como a quienes cumplen una condena, aunque la legislación establece que ambos grupos deben permanecer en centros diferenciados.

Para que una persona pueda retomar su vida fuera de los centros penitenciarios, el proceso requiere orientación psicológica, social, laboral y jurídica desde antes de recuperar la libertad, según el abogado penalista Alexis Calderón.

Según datos de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) presentados por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) en el foro Pre-ENADE, el 20 de julio de 2026 el Sistema Penitenciario contaba con 22 psicólogos, 13 trabajadores sociales, 32 encargados laborales y 24 encargados de educación. En el caso de los psicólogos, la relación equivale a un profesional por cada 1 mil 45 personas privadas de libertad.

Para el abogado penalista Alexis Calderón, el acompañamiento debería comenzar dentro de los centros penitenciarios, antes de que llegue el momento de recuperar la libertad.

Esa preparación también requiere que la persona conozca con claridad su situación jurídica. Ana Patricia Soto Gallardo, abogada y exintegrante del Equipo Multidisciplinario de Fraijanes 1, trabajó durante cuatro años en ese centro y encontró casos de mujeres que desconocían aspectos básicos de su proceso, como el delito por el que habían sido condenadas, la duración de la pena o los recursos que habían presentado.

Pero la fecha de salida no es el único punto que debe conocerse antes de abandonar la prisión. Después de años de encierro, la persona también debe retomar relaciones familiares y sociales, buscar oportunidades y adaptarse nuevamente a un entorno del que estuvo separada.

Betzabé Albanés, psicóloga forense y exintegrante del Instituto de la Defensa Pública Penal, describe esa transición desde su experiencia: “muchas personas salen con miedo. Tienen que enfrentarse nuevamente a un mundo del que estuvieron alejadas durante años y relacionarse con personas, buscar trabajo y reconstruir sus vínculos”.

El Código Procesal Penal establece los distintos momentos de esta etapa, desde el cómputo definitivo de la pena hasta la solicitud de beneficios y la intervención del juez de ejecución.

Los juzgados de ejecución penal registran parte de este proceso. Entre 2018 y el 7 de septiembre de 2026, el Organismo Judicial (OJ) reportó 1 mil 821 autos relacionados con la recuperación, modificación y finalización de penas. La cifra pasó de 178 autos en 2018 a 283 en 2026. Se trata de resoluciones judiciales, no de personas que recuperaron su libertad. El OJ advierte que estos datos dependen de los registros ingresados por los auxiliares judiciales.

La experiencia de Ana Patricia Soto Gallardo, abogada y exintegrante del Equipo Multidisciplinario de Fraijanes 1, muestra las dificultades que pueden surgir en esta etapa. Durante cuatro años de trabajo en ese centro encontró mujeres privadas de libertad que no tenían claridad sobre el delito por el que habían sido condenadas, la duración de la pena o los recursos presentados.

Ese acompañamiento tiene un límite. Mario Álvarez, procurador jurídico del Instituto de la Defensa Pública Penal, señala que “no existe un acompañamiento posterior permanente. El trabajo del Instituto llega hasta que termina el proceso”.

En el caso de los adolescentes sujetos a medidas socioeducativas, la Secretaría de Bienestar Social (SBS) reportó 77 personas asignadas a programas relacionados con su reintegración: 11 profesionales de Psicología, 11 de Trabajo Social, 13 de Pedagogía, cuatro instructores y tres docentes. La institución reporta además 10 centros, programas o servicios vinculados con medidas socioeducativas, educación y capacitación.

La atención no se limita a quienes cumplen una sanción dentro de un centro. La Dirección de Medidas Socioeducativas también atiende a adolescentes que cumplen medidas alternativas a la privación de libertad, entre ellas la Libertad Asistida, con acompañamiento de profesionales de distintas áreas.

Dentro de esta estructura también funcionan las Remisiones y el Modelo de Atención Integral de Justicia Penal Juvenil (MAIJU), cuyos registros permiten conocer algunas características de la población atendida. Entre 2018 y 2026, ambos programas sumaron 4 mil 191 registros de atención. Para 2026, la SBS no especificó una fecha de corte; la información fue remitida el 7 de septiembre de ese año. En el conjunto de registros, 89.5 % correspondió a hombres y 10.5 % a mujeres. Por edad, 62.9 % correspondió a personas de 18 años o más y 37.1 % a adolescentes de 13 a 17 años.

Los hombres de 18 años o más concentraron el 56.2 % de los registros, mientras que los hombres de 13 a 17 años representan el 33.3 %. Las mujeres de 18 años o más representaron el 6.7 % y las adolescentes de 13 a 17 años, el 3.8 %.

En septiembre de 2026, la Secretaría de Bienestar Social (SBS) informó que administra seis centros juveniles de privación de libertad. En uno de estos centros, Counteract International desarrolla la Success Academy, un programa que combina formación en habilidades para la vida y el trabajo, tutoría y orientación para la transición a la comunidad. La organización, de origen estadounidense y basada en la fe, trabaja con jóvenes privados y liberados de libertad en el Triángulo Norte de Centroamérica.

En Guatemala, la organización inició este trabajo en 2023 y posteriormente lo extendió a Casa Intermedia. Después de recuperar su libertad, los jóvenes pueden continuar vinculados a programas de acompañamiento orientados a su reintegración, con apoyo para acceder a oportunidades de estudio y trabajo.

Juan Colmenares, director de país de Counteract International en Guatemala, explica por qué la preparación incorpora la dimensión emocional. “No basta con enseñarles un oficio o una habilidad si emocionalmente no están preparados para aprovechar esas oportunidades”, resaltó.

Entre 2018 y el 31 de agosto de 2026, la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) reportó 10 mil 811 registros relacionados con personas identificadas nuevamente dentro del sistema penitenciario, según datos del Sistema Informático de Administración Penitenciaria (SIAPEN).

Entre 2018 y 2025, los registros anuales de reingresos disminuyeron 43.1 %, al pasar de 1 mil 618 a 921. En 2026, la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) reportó 547 registros acumulados al 31 de agosto. Al tratarse de un período incompleto, esta cifra no es comparable directamente con los totales anuales de años anteriores.

Los registros acumulados entre 2018 y el 31 de agosto de 2026 también muestran diferencias por sexo: 9 mil 857 corresponden a hombres y 954 a mujeres.

La concentración también se observa entre los adultos jóvenes, con registros acumulados entre 2018 y el 31 de agosto de 2026. Las personas de 21 a 25 años suman 2 mil 387 registros, mientras que las de 26 a 30 alcanzan 2 mil 120. En conjunto, ambos grupos concentran 4 mil 507 registros, equivalentes al 41.7 % del total.

Pero los registros tienen un límite fundamental para entender qué ocurre después de la libertad: SIAPEN permite identificar que una persona vuelve a aparecer en el sistema, pero no reconstruir qué ocurrió entre una salida y ese nuevo ingreso. La información disponible no identifica el tipo o categoría del nuevo delito ni el tiempo transcurrido entre la recuperación de la libertad y la nueva aprehensión.

Por eso, los 10 mil 811 registros no permiten establecer que la falta de empleo, educación, acompañamiento institucional o apoyo familiar haya provocado un nuevo ingreso. Sí documentan que personas previamente identificadas vuelven a aparecer en el sistema penitenciario, pero no qué ocurrió durante el período que separó una salida de ese nuevo registro.

Los datos recopilados para esta investigación muestran esa trayectoria de manera fragmentada: la DGSP registra actividades educativas, de formación social y laborales; los juzgados documentan resoluciones relacionadas con la ejecución de las condenas; y el IDPP atiende procesos de defensa y orientación jurídica. Pero esos registros no se conectan para reconstruir, persona por persona, qué ocurrió después de recuperar la libertad.

Esa falta de continuidad también aparece en el debate legislativo. La Iniciativa 6831 propone crear un Programa Nacional de Atención Intermedia, Reinserción y Reincorporación de Jóvenes Adultos Sujetos al Sistema Penal y en Fase Post-Penitenciaria, con mecanismos de atención y acompañamiento para la etapa posterior a la salida. La propuesta fue conocida por el Pleno el 18 de agosto de 2026 y fue trasladada a la Comisión de la Defensa Nacional para su estudio y dictamen. Al cierre de esta investigación, la iniciativa aún se encuentra en trámite y no es una ley vigente.